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Reforma Procesal Penal: de mal a peor

Reforma Procesal Penal: de mal a peor

Las reformas que permitan avanzar hacia un sistema moderno y eficaz en la administración de la justicia son bienvenidas y deseables, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades del sistema Penal. Sin embargo, deben respetar la institucionalidad y ser ampliamente debatidos, para reducir al mínimo los problemas en la implementación y otorgarles mayor legitimidad. Es evidente que cualquier reorganización institucional de vasto alcance debe disfrutar de una amplia participación de diferentes sectores en su elaboración y aprobación. Es imprescindible que esta clase de reformas no se generen en momentos de inestabilidad, ya que esto promovería el avance de intereses sectorizados, dificultando el funcionamiento de las instituciones involucradas.

La reforma que se pretende llevar a cabo con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación es un ejemplo de una renovación que no respeta estos principios. Los graves problemas del Código han sido expuestos y discutidos, pero esto no ha hecho que el Gobierno ponga freno o tome en cuenta las críticas al momento de su tratamiento. Los proyectos de ley vinculados a su implementación, que se pretenden sancionar apuradamente para que el Código comience a regir a partir del 1° de septiembre, dejan en evidencia, una vez más, que los fines que persigue el Gobierno son más de someter al sistema de justicia que de mejorar su administración. La implementación agrega nuevos problemas al Código, que ya presentaba varios errores debido a su improvisada elaboración. Es inconstitucional, al crear una Comisión que tendría una sesgada conformación con facultades propias de la Corte y el Consejo de la Magistratura. Por otra parte, presenta una implementación escalonada que comenzaría por una parte de la Ciudad de Buenos Aires, generando desigualdades y dificultades para los vecinos de la Ciudad, además de minar el avance hecho en su autonomía.

El Código Procesal Penal no cuenta con los estudios de impacto y las estadísticas necesarios para una correcta implementación. Además, parece que en su elaboración no se prestó atención ninguna a los problemas graves a los que se enfrenta el país: el delito complejo, la corrupción, la criminalidad organizada y el narcotráfico. Al no tratar de manera adecuada estos problemas se genera la sospecha de los fines perseguidos por el Gobierno, ya que lo único que parece lograr el Código es fomentar la impunidad y la inseguridad.

Una reforma del Código Procesal Penal para tratar de abordar correctamente los delitos mencionados es necesaria. No obstante, el proyecto, lejos de modernizar el sistema de Justicia y optimizar la eficacia de las investigaciones, no hace más que seguir obstaculizando el tratamiento de las causas y contribuir a una tendencia negativa de los índices de resolución de las mismas.La reforma diseñada por el Gobierno es, por estas razones, la antítesis de lo que realmente necesita el sistema de justicia de la Argentina. Para asegurar que la reestructuración no responda solamente a los intereses coyunturales, es necesario que este tipo de reformas se lleven a cabo solamente con el consenso de todos los sectores políticos y sociales, y a través de un serio análisis estadístico sobre su posible impacto.

Germán C. Garavano

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