La legislación sobre arbitraje en nuestro país se encontraba pensada para arbitrajes domésticos. No respondía a la realidad de un mundo globalizado ni garantizaba las expectativas de las partes en un arbitraje internacional.

Ante la necesidad evidente de satisfacer las tendencias impuestas por el progreso económico y el tráfico comercial, elevamos un anteproyecto de Ley al Congreso, que obtuvo su sanción al promulgarse la ley 27.449, permitiendo ubicar a nuestro país dentro de los países respetuosos de la seguridad jurídica.

Su sanción insertó a la República Argentina en el elenco de países que emprendieron el camino de modernizar su legislación, brindándole a los inversores extranjeros una alternativa diferente de la vía judicial para dirimir sus controversias, contribuyendo así a la creación de un clima favorable a la concertación de transacciones internacionales.